Ya no hay pretexto para que caiga Fidel Villanueva 

Ya no hay pretexto para que caiga Fidel Villanueva

Ya no existe ningún pretexto para que Rosaura Villanueva Arzápalo titular de la Fiscalía Anticorrupción, y Manuel Palacios titular de la Auditoría Superior del Estado, investiguen el contrato “leonino” ejecutado entre el Poder Judicial de Quintana Roo y la empresa “ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA NEGOCIOS, S.A de C.V. Según se observa en los contratos 001/ARREND-FINANC/TRIBUNAL/2016 y 001/ARREND-FINANC/CONSEJO/2016.

Por dicho contrato de arrendamiento vehicular a 18 meses, se pagaron $ 3 millones 439 mil pesos por concepto de alquiler de 10 vehículos de la marca Volkswagen, que posteriormente fueron rematados y regalados a los empleados, familiares y compadres del “polémico” magistrado Fidel Villanueva.

Presuntamente y lo que debe investigar la autoridad es que los vehículos parte del patrimonio del Poder judicial se habrían repartido de la siguiente manera:

1.- Fidel Villanueva 3 vehículos.

2.- Humberto Rodríguez, director de Servicios Generales (compadre de un ejecutivo del Grupo Novedades)

3.- Héctor Guevara, secretario particular e incondicional de Fidel Villanueva.

4.- Martin Zetina, secretario particular (Hijo del ex Auditor Superior del Estado Javier Zetina, hermano de un presunto socio de la empresa ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA NEGOCIOS, S.A de C.V. misma que arrendó los vehículos.

5.- Mario Aguilar (Esposo de la prima de Fidel)

6.- Jorge Azueta, del Fondo de Mejoramiento

7.- Joguel Montero, de Finanzas

8.- Pablo Erales, ex contralor (Hijo del diputado Roberto Erales)

Ante esto y después de argumentar que no existe “demanda” alguna para poder investigar los hechos, este COMUNICADOR, decidió pese a existir la enorme posibilidad de represalias de los magistrados involucrados, de demandar y denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para que sean castigados.

Y es que Rosaura Arzapalo se dijo “limitada” por una falta de denuncia.

Pero con esta demanda interpuesta, los titulares de la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, no tienen excusa alguna para ejercer sus funciones de investigar los desvíos de recursos del Erario Público y de impartir justicia caiga quien caiga a los presuntos delincuentes.